SANTOS KHOURY, LLP: Noticias Semanales de Inmigración
El lunes 13 de julio de 2020, el Departamento de Estado anunció que las embajadas estadounidenses reanudarán en breve los servicios de visado, aunque no dio detalles sobre cuándo reabriría cada local. Los servicios rutinarios de visado están suspendidos en todas las misiones estadounidenses desde el 20 de marzo.
El 14 de julio de 2020, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas acordó eliminar la norma que exigía a los estudiantes tomar clases en persona en otoño o salir de EE.UU. Múltiples estados y universidades, incluida la Universidad de California (UC) y el Estado de California, presentaron demandas contra el gobierno. El gobierno federal ha anulado la orden que prohibía a los estudiantes internacionales residir en Estados Unidos si no tenían que asistir a clases presenciales. Sin embargo, aunque se ha eliminado la nueva norma, se siguen denegando visados a estudiantes internacionales.
El 22 de julio,los demócratas de la Cámara de Representantes aprobaron una ley para derogar la prohibición de viajar del presidente Trump. La prohibición, también conocida como la “prohibición musulmana”, prohibía la entrada en Estados Unidos a muchas personas procedentes de países de mayoría musulmana. Aunque no es probable que el Senado estudie el proyecto, constituye una prioridad demócrata clave de cara a las elecciones presidenciales, en caso de que el Presidente Biden resulte elegido.
Hace unas semanas, el Tribunal Supremo sostuvo que la administración Trump terminó indebidamente el programa DACA, y que el programa podía continuar. El 17 de julio, un juez federal dictaminó que DACA debe ser restaurado a su estado completo, “anterior al 5 de septiembre de 2017.” A pesar de la orden, El USCIS ha comunicado que está revisando la decisión. No está claro si USCIS comenzará a aceptar nuevas solicitudes de DACA pronto o si planea apelar el fallo. El 28 de julio de 2020, USCIS declaró que rechazaría todas las nuevas solicitudes a pesar de la orden federal.
- El 29 de julio, un tribunal federal de Manhattan emitió dos medidas cautelares a nivel nacional que bloquean temporalmente las normas de “carga pública” de la administración Trump. En orden judicial dictada contra el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS) impide al DHS hacer cumplir, aplicar, implementar o tratar como efectiva la regla de “carga pública” durante cualquier periodo en el que exista una emergencia sanitaria nacional declarada en respuesta al brote de COVID-19. La sentencia se produjo después de que los abogados defensores de los derechos de los inmigrantes argumentaran con éxito que la pandemia de COVID-19 ha hecho que la norma de carga pública del DHS sea letal para las comunidades de inmigrantes al frenar el uso de la asistencia sanitaria y otras prestaciones. El tribunal también prohibió al Departamento de Estado de EE.UU. aplicar sus normas paralelas de “carga pública”, incluida la Proclamación de Asistencia Sanitaria del presidente, a los solicitantes de visados en las embajadas y consulados de EE.UU. en el extranjero.
El 18 de junio de 2020, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos emitió una decisión histórica rechazando la cancelación por parte de la administración Trump de un programa de la era Obama conocido como Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Como resultado, USCIS ha reanudado la aceptación de solicitudes de renovar una concesión de acción diferida bajo DACA. Pero USCIS aún no está aceptando solicitudes de personas a las que nunca antes se les haya concedido la acción diferida bajo DACA. El presidente Trump ha prometido en repetidas ocasiones poner fin a DACA, pero debido a la decisión del Tribunal Supremo, el destino de los beneficiarios de DACA (a menudo llamados “soñadores”) depende en gran medida del resultado de las elecciones presidenciales de 2020.
El 26 de junio de 2020, un juez federal de California ordenó que todos los menores que lleven más de 20 días bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos deben ser puestos en libertad antes del 17 de julio. El juez declaró que la administración Trump no había proporcionado ni siquiera las protecciones sanitarias más básicas para los niños y sus familias en medio de la pandemia.
El 22 de junio,span, wpml_nbspEl presidente Trump firmó una orden, impidiendo a los extranjeros entrar en EE.UU. con visados H-1B. Las restricciones no afectan a quienes trabajan actualmente en Estados Unidos con un visado H-1B válido o visados similares. Además, a los titulares de visados válidos que se encuentren actualmente en el extranjero no se les impedirá entrar o volver a entrar en Estados Unidos.
El 22 de junio, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que promulga una prohibición temporal de muchos tipos de visados de no inmigrante, que prohíbe la emisión de nuevos visados a los solicitantes de visados H-1B, visados H-2B para trabajadores estacionales no agrícolas, visados J-1 y visados L-1. Habrá exenciones para los trabajadores de la industria alimentaria y algunos trabajadores sanitarios. Las nuevas restricciones entraron en vigor el 24 de junio de 2020.
La agencia gubernamental encargada de conceder prestaciones de inmigración, tramitar las solicitudes de visado y aprobar las solicitudes de ciudadanía se prepara para recortar más de la mitad de su plantilla a menos que el Congreso le proporcione financiación adicional.
El 22 de junio, la administración Trump publicó una nueva norma que dificultaría a los solicitantes de asilo la obtención de permisos de trabajo. La norma alarga el periodo de espera antes de que un solicitante de asilo pueda solicitar el permiso de trabajo. Antes de la norma, un solicitante de asilo podía solicitar un permiso de trabajo 150 días después de que USCIS recibiera la solicitud, y USCIS disponía de 30 días para tramitar el permiso de trabajo. La nueva norma elimina este requisito y obligaría al solicitante de asilo a esperar 365 días. Además, la norma prohíbe a los solicitantes de asilo que entraron en Estados Unidos fuera de un puerto de entrada obtener autorización de trabajo alguna. La norma entrará en vigor el 25 de agosto de 2020.
Continúa la política de deportación acelerada El 23 de junio, el Circuito de D.C. anuló una orden judicial que había bloqueado la política de aplicarse. Esto significa que la Administración Trump puede seguir adelante con la política y eludir a los jueces de inmigración para muchos casos de deportación. Parte del razonamiento del tribunal fue que la política no estaba cubierta por la Ley de Procedimiento Administrativo y, por lo tanto, el Departamento de Seguridad Nacional tenía discreción exclusiva en este ámbito.
Tras el brote de COVID-19, la Administración Trump aplicó la prohibición de las tarjetas verdes. La prohibición se ha prorrogado hasta finales de año. El 23 de junio, un juez federal de Washington, D.C. denegó una solicitud de orden de restricción temporal contra la prohibición. El juez también denegó la certificación de clase en el caso, ya que dos de los tres demandantes ya han sido admitidos en EE.UU. y el caso del tercer demandante aún no está maduro para la revisión judicial.
